Organizaciones Denuncian al Gobierno Argentino ante la ONU por la Crisis en Discapacidad
La situación de más de 1.200.000 personas con discapacidad en Argentina ha llegado a la atención de Naciones Unidas. Este jueves, miles de familias y profesionales del sector se movilizan en todo el país para exigir la declaración de una ley de emergencia en discapacidad, mientras diversas organizaciones presentan su reclamo ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
La crisis se ha intensificado debido a la dificultad para acceder a pensiones, la falta de aumentos para prestadores desde diciembre y el desfinanciamiento de programas nacionales. Esta situación ha llevado al sector a una crisis sin precedentes.
Modificaciones en los Requisitos para Pensiones
La denuncia argumenta que, a finales del año pasado, el gobierno de Javier Milei modificó por decreto los requisitos para obtener pensiones por discapacidad (decreto 843/24). Estas modificaciones ponen en riesgo el acceso a derechos básicos para un grupo que ya se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad.
Las pensiones no contributivas por invalidez fueron establecidas en 1949, y aunque se han hecho modificaciones, el decreto actual retoma conceptos obsoletos que ignoran las barreras que enfrentan las personas con discapacidad. Esto perpetúa la dependencia económica y desconoce su derecho a vivir con autonomía, contraviniendo compromisos internacionales asumidos por Argentina.
La presentación ante la ONU incluye firmas de asociaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), quienes argumentan que el aumento de los requisitos para las pensiones resulta en una restricción del acceso a las mismas. Este retroceso ignora los postulados del modelo social de la discapacidad y reinstaura una perspectiva discriminatoria.
Auditorías y su Impacto en Beneficiarios
Paralelamente, el Gobierno ha comenzado auditorías sobre las personas que ya tienen una pensión por invalidez, con el argumento de identificar posibles irregularidades. Sin embargo, la denuncia advierte que la falta de regulación para estas auditorías y su metodología de notificación son inaccesibles para muchos beneficiarios.
La única forma de convocatoria por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha sido a través de cartas documento, un método que no resulta accesible para muchos. Además, se les otorgan solo tres semanas para asistir a la auditoría, un tiempo insuficiente para obtener los certificados médicos necesarios.
Las organizaciones reclaman que estas auditorías son medidas restrictivas que generan angustia e incertidumbre en miles de personas y sus familias, quienes ya enfrentan numerosas barreras en su vida cotidiana.
Ajustes Económicos y Emergencia en Discapacidad
Más allá de los recortes en pensiones, el sector atraviesa una crisis económica sin precedentes. Este jueves, se convocó a una movilización en el Congreso Nacional para exigir la declaración de la emergencia en discapacidad, que ya cuenta con un dictamen de mayoría en Diputados y podría ser tratada en el recinto próximamente.
Las familias exigen que se equiparen las pensiones al 70% del haber mínimo jubilatorio y que se implementen procedimientos accesibles para la revisión de pensiones. Además, solicitan la actualización de aranceles de los prestadores y un informe anual obligatorio sobre la ejecución presupuestaria en relación con las pensiones otorgadas.
El contexto actual exige una respuesta inmediata por parte del Gobierno. Las organizaciones instan a que se suspendan las auditorías y que se informe sobre las realizadas, buscando garantizar el acceso a derechos esenciales para las personas con discapacidad.
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